Prohibición de pisos turísticos en Mallorca

En el momento en el que el lector tome en sus manos este número, el equipo de gobierno de la capital mallorquina habrá aprobado en su pleno municipal el veto definitivo a los pisos turísticos, convirtiéndose Palma en la primera ciudad del Estado en tomar esta medida. Si bien será en julio, tras ser sometida a exposición pública, cuando sea oficial, es un hecho que la medida ya ha afectado a la oferta de alquiler vacacional. Según varios estudios, el número de viviendas destinadas al turismo no regladas aumentó un 50% entre los años 2015 y 2017, llegando a las 20.000 plazas. Ahora son 11.000 y de éstas, sólo 645 cuentan con licencia. Tras la decisión de las administraciones, es probable que las plazas “ilegales” disminuyan, ya que sólo se permitirá el arrendamiento a viajeros en las viviendas unifamiliares –casas aisladas o chalés– excepto los situados en suelo rústico protegido, en el entorno del aeropuerto y en áreas de uso no residencial como los polígonos industriales.
La delimitación del alquiler turístico viene a solventar varios problemas acuciantes y que afectan, sobre todo, a los residentes. Como el aumento de los precios del arrendamiento residencial, que en Palma ha sido del 40% , llegando a situarse en la segunda urbe más cara en este campo por detrás de Barcelona.
El hecho de que se ofrezca a los viajeros el alquiler turístico de las viviendas durante un periodo de tiempo que alcanza hasta los ocho meses, hace imposible al acceso a la vivienda. Este fenómeno se repite en gran parte de los principales destinos elegidos por los extranjeros, como es el caso de Málaga, donde se está librando una auténtica guerra fría entre propietarios de viviendas en alquiler y empresarios hoteleros. En la capital malagueña la oferta de apartamentos frente a hoteles es: en el Registro de Turismo de Andalucía se cuentan un total de 1.781 viviendas, que suman 8.758 plazas, mientras que la oferta hotelera tiene 9.157 camas en la urbe.
La falta de un control más férreo sobre las viviendas de alquiler turístico ha sido la queja más repetidas a lo largo del año. La Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) viene alertando desde hace meses que la situación está “descontrolada” y reclama una regulación legislativa adecuada a la situación. Si bien siempre ha mantenido no ser partidaria de prohibir.