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Hosteleros, comercios y agentes de la distribución manifiestan su “no” rotundo a la subida de impuestos. Las organizaciones empresariales han enviado una misiva al ministro de Hacienda, en la que dan las razones de su oposición a la medida.

Un nuevo incremento del IVA o la creación o una reclasificación de los tipos sería fatal para el consumo y “daría al traste con cualquier viso de recuperación”. Así lo mantiene el director general de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas, Horacio González Alemán, para quien las medidas fiscales propuestas en los últimos meses por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas –como el aumento del tipo impositivo a las bebidas alcohólicas– en línea con las exigencias de Bruselas de cara a la reforma del sistema tributario, “tienen un efecto encadenado industria-distribución-hostelería y restauración, provocando un círculo vicioso que nos aleja de la recuperación”.

Con una facturación global de 370.000 millones de euros y más de 3 millones y medio de personas empleadas, la cadena de valor reporta más del 20% del PIB de nuestro país, unos ingresos que se verían de lleno afectados con la hipotética subida del IVA.

Con el precedente sufrido el pasado 2012, cuando tras el incremento del impuesto en septiembre la hostelería sufrió su mayor caída (-9,7% en el mes octubre), las principales organizaciones empresariales han redactado una serie de argumentos que apoyan su oposición a nuevos incrementos impositivos en una misiva enviada y comunicada recientemente al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.

La aportación de hosteleros, restauradores, fabricantes y distribuidores se centra en cuatro líneas básicas: la racionalidad del modelo, ordenación de la tributación autonómica, reducción de la tributación al consumo y, por último, incidir en aspectos que tengan que ver con la calidad del gasto más que con los ingresos. Como por ejemplo, la lucha contra el fraude, un elemento “clave” según la Comisión Europea, que señala que los países de la UE dejaron de ingresar aproximadamente 200.000 millones de euros en concepto de IVA por fraude fiscal en 2011.

 

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