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Las organizaciones que representan a la restauración, junto con la industria de alimentación y bebidas, distribución y comercio anunciaron ayer en una rueda de prensa conjunta su oposición a una nueva subida del IVA que "podría poner en riesgos 174.000 empleos y truncar los primeros síntomas de la recuperación del consumo". Según un estudio del Ceet, la caída de la producción podría llegar a los 16.000 millones de euros.

La Federación Española de la Hostelería (Fehr) y la Asociación de Cadenas de Restauración Moderna, FEHRCAREM junto a las principales organizaciones de productores y distribudores de alimentación de nuestro país (FiabAecocAngedAcesAsedasCEC, y Cooperatiras Agro-Alimentarias) han evaluado las consecuencias nefastas que tendría el incremento de los impuestos sobre el consumo.
 
En su opinión, en vez de estimular la actividad la empresarial, la subida del IVA "podría tener consecuencias muy negativas sobre la confianza del consumidor" y en consecuencia, poner en riesgo la recuperación de la economía.
 
El colectivo se remite al resultado de la última subida del IVA, producida en 2012, que hizo que el consumo cayera cerca de un 7% en los seis primeros meses de su aplicación.
 
Con estos antecedentes sobre la mesa, los colectivos mostraron su oposición a la propuesta de Bruselas de aumentar los tipos superreducidos de los productos de primera necesidad (4%) a la categoría de reducido (10%); mientras los bienes gravados en esta última pasen al tipo general (21%). De seguir estas medidas, según un informe del Centro de Estudios Económicos Tomillo (CEET), se produciría una caída de la producción de más de 16.000 millones y la destrucción de 174.000 empleos.

La próxima reforma fiscal, que está siendo analizada en el seno de la comisión de expertos propuesta por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, debe enmarcarse, según las organizaciones, en un marco "estable, seguro y atractivo para la inversión empresarial". Un modelo que ensanche las bases fiscales y ataje el fraude para incrementar los ingresos de la Administración sin necesidad de penalizar el consumo", dijeron los representantes de las nueve organizaciones empresariales.

Las empresas agrupadas en estos sectores tienen una facturación global de 370.000 millones, lo que equivale a más de un 20% del PIB nacional. 

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