Tras la declaración en marzo de 2020 del primer estado de alarma, entre las disposiciones recogidas en el Real Decreto Ley 11/2020 de 31 de marzo- relacionadas con el abono de servicios básicos como la electricidad y el gas, se contemplaba la suspensión de pago de las facturas tanto de gas como de electricidad a pequeñas y medianas empresas y las modificaciones sin penalización de potencias en electricidad y de caudal en gas.
"En el caso de la electricidad, la normativa general permite tan sólo un cambio al año. Así, con la llegada de la desescalada y la reapertura de algunos establecimientos hoteleros, los alojamientos que abrieron pudieron solicitar de nuevo un cambio de potencia gracias a las medidas contempladas por el Ejecutivo. Estas disposiciones dejaron de estar en vigor en septiembre de este año", explican desde el ITH.
Con la declaración del nuevo estado de alarma -que podría durar hasta mayo de 2021-, los hoteleros españoles representados en Cehat solicitan que se mantengan o prorroguen las dos medidas especiales aprobadas durante el anterior estado de alarma o "que se consideren otras similares y que el marco legislativo aporte medidas concretas para que cada establecimiento pueda implementar soluciones particulares de forma flexible".
“ALa situación se complica por momentos para el sector alojativo español. No se vislumbra solución a corto plazo y muchos alojamientos siguen cerrados o están a punto de cerrar sus puertas ante la falta de clientes. Necesitamos soluciones concretas que permitan la supervivencia del sector hasta que se garantice la reactivación de la actividad turística y la consiguiente reapertura de los establecimientos hoteleros", apunta Jorge Marichal, presidente de CEHAT-.
Según sus datos, se estima que el sobrecoste energético supone de 2.000 a 3.000 euros mensuales por alojamiento, l unos 50.000 € por hotel al mes.
