A raíz de la denuncia interpuesta por La Liga a principios de enero, 166 bares han sido imputados por la presunta retrasminisción de partidos de fútbol de manera ilícita. El operativo policial se ha llevado a cabo en diferentes provincias españolas -Sevilla, Málaga, Córdoba, Zaragoza, Valladolid, Murcia, Palma de Mallorca, Gijón, Madrid, Vigo, Las Palmas, Bilbao y Barcelona- que estarían "distribuyendo ilícitamente la señal de partidos de fútbol de equipos españoles, sin la autorización de los propietarios de dicho contenido".
La Policía Nacional ya ha desarticulado toda la infraestructura que permitía la visualización ilegal del contenido multimedia de pago, con la identificación de los responsables y el cese del servicio ilegal que prestaban.
Esta operación se enmarca dentro de una acción global frente a la piratería que ha afectado además a otros 1.200 establecimientos públicos, los cuales han sido objeto de distintas demandas judiciales. Los establecimientos denunciados en sede policial resultaron identificados como emisores ilegales de forma reincidente durante las últimas 3 temporadas.
Perjuicio económico de 1.066.386 €
A los titulares de los establecimientos comerciales investigados, se les imputa un delito contra la propiedad intelectual y contra el mercado y los consumidores, al haber hecho uso de decodificadores y micro controladores para acceder de manera ilícita al contenido protegido emitido por los canales modificados. Se estima que el prejuicio económico ocasionado a los titulares del contenido multimedia distribuido ilegalmente asciende a 1.066.386 €.
