A solo dos semanas de la entrada en vigor de la última prórroga del Real Decreto 933/2021 de 26 de octubre, la nueva normativa de Registro de Viajeros, el sector hotelero manifiesta su desacuerdo con esta normativa cuya implementación dice producirá un "caos debido a la imposibilidad de su cumplimiento" ya que actualmente no se conocen cuáles seben der los datos que han de aportar los viajeros por cada uno de los subsectores del turismo (alojamiento, coches de alquiler, agencias de viajes, plataformas deintermediación, campings, pisos turísticos…).
Los hoteleros denuncian que "hay una confusión generalizada con respecto a qué información sería exigible y a la forma deremitirla", lo que ha ocasionado múltiples problemas que vienen advirtiendo "desde hace meses", como tener que facilitar "datos no oficiales y que no aparecen en ninguno de los documentos que portan los viajeros (DNI y pasaporte)" tales como forma de pago, números de tarjeta de crédito, teléfono móvil domicilio real… "Esto hace imposible remitirlos de forma automatizada, obligando a su registro y envío de forma manual y al consiguiente aumento de errores y trabajo desproporcionado de quienes los deben remitir", señalan.
Una legislación "muy deficiente"
Cehat junto al resto de asociaciones nacionales, que representan a más de 16.000 establecimientos con un total de1.800.000 plazas repartidas por toda Espala, se han puesto de acuerdo sobre las repercusiones e inconveniencia de la norma y arguyen los siguientes problemas derivados de la misma:
1. Incompatibilidad con la normativa de la Unión Europea
La Comisión Europea y el TJUE, en la Sentencia C-817/19, han señalado que las medidas de tratamiento masivo de datos personales previstas en el Real Decreto vulneran las normativas comunitarias sobre protección de datos y privacidad. "La recolección y almacenamiento de datos, tal como está planteada, no respeta los principios de proporcionalidad y minimización, lo que podría generar sanciones, acciones judiciales y mayor inseguridad jurídica para los sujetos obligados", dicen. Además, "el Real Decreto implica una injerencia significativa en los derechos deprivacidad de turistas y usuarios sin ofrecer salvaguardias claras, limitando la recolección masiva de datos a casos específicos y justificados", añaden.
2. Inseguridad jurídica e imposibilidad de cumplimiento
El Real Decreto "carece de la concreción y claridad necesarias para evitar vacíos legales, lo que provoca inseguridad jurídica". Asimismo, la normativa, "ignora las complejidades operativas de las empresas afectadas", como recopilar los datos exigidos antes de la prestación de los servicios, ·lo que las expone a importantes sanciones, con las consecuentes repercusiones operativas y reputacionales".
3. Desventaja competitiva en el mercado nacional y europeo
Los hosteleros afirman que empresas y organizaciones europeas, como agencias de viajes, plataformas decomercialización, organizadores de congresos, hoteles, apartamentos turísticos y turoperadores, entre otros, han expresado ya sus dudas sobre el cumplimiento de esta normativa en los órganos europeos "justificando su solicitud, en varios aspectos, entre los que se encuentran las dificultades que implica para el envío de viajeros a España".
4. Falta de adecuación tecnológica
Actualmente, "la infraestructura tecnológica necesaria para cumplir con las obligaciones de registro y comunicación no está plenamente operativa, lo que redunda sobre la incertidumbre jurídica". Al mismo tiempo, señalna que "la distribución de competencias en materia de seguridad en España genera la implementación de diferentes herramientas en distintas regiones del país, lo que supondrá una dificultad adicional para las empresas turísticas con centros de trabajo operativos en varios territorios a nivel nacional".
5. Carga administrativa desproporcionada
Especialmente para las pequeñas y medianas empresas (pymes), que constituyen el núcleo del sector turístico (95% de las empresas). "Implementar estas exigencias incrementa los costos operativos y la complejidad de gestión, algo que muchas empresas no pueden asumir, enfrentándose además de a los riesgos expuestos, operacionales y reputacionales, a graves sanciones económicas por su incumplimiento", denuncian.
