A la publicación del Plan Director le siguió la advertencia por carta a empresas presuntamente sospechosas de incumplir sus obligaciones en materia laboral y ahora empiezan a conocerse los datos de las acciones de inspección y sancionadoras adoptadas por el Ministerio de Trabajo. Dichas acciones tenían como objetivo regularizar, principalmente, los contratos que pudieran estar suscritos en fraude de ley y, vigilar la parcialidad.
Los efectos del Plan Director han sido históricos ya que, después de que el Gobierno enviara en agosto 130.000 cartas a empresas presuntamente incumplidoras, se han transformado 61.445 contratos temporales en contratos fijos —lo que equivale al 76,5% de casos en que se envió la advertencia por carta— y se ha incrementado la jornada a 8.824 empleados —el 17,5% del total— que trabajaban indebidamente a jornada parcial.
Además, a los datos del Plan Director hay que sumarles los 132.501 contratos que se han regularizado por las actuaciones ordinarias de la inspección laboral, cifras que casi duplican a las que se registraron en todo el año 2017.
Vigilancia intensa
Que la inspección laboral refuerce la vigilancia en la contratación temporal y a tiempo parcial afecta especialmente a empresas hoteleras o de restauración, condicionadas por picos desiguales de trabajo a lo largo del año. Precisamente la hostelería es el sector que aglutina el mayor número de regulaciones contractuales en esta fase del Plan Director, con cerca del 20% entre contratos temporales convertidos a indefinidos y los aumentos de jornada de los contratados a tiempo parcial, seguido por el comercio y la industria.
Del mismo modo, como medida transversal del Plan Director, muchas empresas van a estar bajo la lupa de la inspección laboral si no cuentan con planes de igualdad —si por su tamaño son obligatorios—, cuando aun existiendo tengan deficiencias o incumplimientos y, en cualquier caso, si las compañías no apuestan decididamente por promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en la empresa, evitando cualquier supuesto de discriminación por razón de género.
Asimismo, como ya hemos comentado, si la Inspección de Trabajo va a intensificar su vigilancia en otros aspectos, principalmente la descentralización productiva (o subcontratación de servicios) y la igualdad en la empresa, todas las compañías, tanto del sector HORECA como de otro cualquiera, deben empezar a diagnosticar qué puntos pueden suponer un riesgo jurídico para la compañía, y corregirlos, para evitar así las consecuentes sanciones que podrían imponerse si se prueban irregularidades.
