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Desde el comienzo el estado de alarma decretado a raíz de la situación sanitaria y las restrictivas medidas adoptadas, la hostelería ha quedado paralizada por decisión gubernamental y parlamentaria, pues la suspensión de apertura al público deriva del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, complementado por la Orden SND/257/2020, de 19 de marzo.
En algunos casos, esto ha supuesto el cese total de la actividad, como sucede con los alojamientos turísticos, o bien una drástica reducción de la actividad al haberse paralizado alguna rama de la misma, manteniéndose aquella otra compatible con las medidas legales, como puede ser el caso de los restaurantes que han tenido que cerrar sus establecimientos al público, pero mantienen el servicio a domicilio, o los distribuidores de alimentos y bebidas, que pueden abastecer a supermercados y negocios de restauración con servicio a domicilio, pero han perdido la línea de negocio del suministro a hoteles y restaurantes cuyos establecimientos han sido completamente clausurados.
A la dificultad de retomar un parón como el actual, se unen los previsibles cambios en la forma de ocio de la población:
- restricciones en el uso de terrazas,
- limitaciones de aforos en los establecimientos públicos;
- cambios de costumbre (compartir vaso en bebidas como la sidra);
- soluciones online (cocina, deporte, hobbies) como alternativas válidas al ocio, que limitará la salida de los potenciales clientes o los establecimientos abiertos al público;
- previsible descenso del turismo por motivos ligados a la prevención de la salud y a la merma en la capacidad económica de los potenciales turistas, con un incremento de viajes regionales/nacionales, etc.
Es indudable que en ambos casos se produce un impacto económico de gran relevancia, que determinará el futuro del sector y de las entidades que lo integran.
Las actuaciones que se hayan llevado a cabo durante el estado de alarma y durante la vigencia de las medidas de cierre de establecimientos y paralización de la actividad, serán determinantes para posicionar a la empresa en el mercado una vez reestablecida la normalidad social.
Es posible que durante el estado de alarma se haya desestabilizado la situación financiera y patrimonial de la empresa que conduzca a la insolvencia de la misma, ya sea una insolvencia actual, ya inminente, entendiendo que está en situación de insolvencia quién ya no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles (“insolvencia actual”) o quién prevea que no podrá cumplirlas puntualmente (“insolvencia inminente”).
Las empresas están obligadas a actuar, para evitar responsabilidades, cuando conozcan (o debieran conocer) su estado de insolvencia, pero también tienen la facultad de anticiparse a éste, a fin de evitarlo.
Al margen de la solución concursal, nuestro ordenamiento contempla otros mecanismos alternativos menos agresivos para las empresas, que están orientados a su reestructuración y continuidad en el mercado, y ello a través de acuerdos globales o singulares con los acreedores, tanto financieros como comerciales.
Las soluciones más convenientes para cada empresa vendrán determinadas primordialmente por la composición de su pasivo, esto es, la naturaleza de sus acreedores (ya sean principalmente financieros, ya comerciales).
Asimismo, en un escenario de continuidad, y atendiendo al impacto que el COVID-19 tiene sobre los negocios del canal horeca, será preciso analizar la procedencia de acometer ajustes laborales, a fin de que la plantilla se adapte a las nuevas necesidades del negocio una vez finalice el estado de alarma y se supere la crisis sanitaria.
El presente del sector y las limitaciones con que nos encontraremos a futuro exigen a todos los integrantes del sector a revisar su forma de gestionar, a fin de adaptarla a los nuevos tiempos y adoptar decisiones.
